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(1) Cuando una persona considere que las medidas adopta- das por uno o por ambos Estados contratantes implican o pue- den implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el aparta- do 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea na- cional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguien- tes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
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(2) La autoridad competente, si la reclamación le parece fun- dada y si no puede por sí misma llegar a una solución satisfac- toria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuer- do amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos por el Derecho interno de los Estados con- tratantes.
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(3) Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tra- tar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
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(4) Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí, incluso en el seno de una comisión integrada por ellas mismas o sus representantes, a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados ante- riores.