(1) Los Estados Contratantes se prestarán asistencia mutua
en la recaudación de sus créditos tributarios. Esta asistencia no
está limitada por los Artículos 1 y 2. Las autoridades competen-
tes de los Estados Contratantes podrán establecer de mutuo
acuerdo el modo de aplicación de este Artículo.
(2) La expresión “crédito tributario” en el sentido de este Ar-
tículo significa todo importe debido en concepto de impuestos
de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados Contratan-
tes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la
medida en que esta imposición no sea contraria al presente
Acuerdo o a cualquier otro instrumento del derecho internacional
del que los Estados Contratantes sean parte; la expresión com-
prende igualmente los intereses, sanciones administrativas y
costes de recaudación o de establecimiento de medidas caute-
lares relacionados con dicho importe.
(3) Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea
exigible en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una
persona que conforme al Derecho de ese Estado no pueda im-
pedir en ese momento su recaudación, las autoridades compe-
tentes del otro Estado Contratante, a petición de las autorida-
des competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito
tributario para los fines de su recaudación por ese otro Estado.
Dicho otro Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con
lo dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recauda-
ción de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito
tributario propio.
(4) Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea
de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Dere-
cho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su recau-
dación, las autoridades competentes del otro Estado Contratan-
te, a petición de las autoridades competentes del primer Estado,
aceptarán dicho crédito tributario para los fines de adoptar ta-
les medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas
cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como
si se tratara de un crédito tributario propio, aun cuando en el mo-
mento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no
fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deu-
dor fuera una persona con derecho a impedir su recaudación.
(5) No obstante lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un crédito
tributario aceptado por un Estado Contratante a los efectos de
dichos párrafos, no estará sujeto en ese Estado a la prescripción
o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su
Derecho interno por razón de su naturaleza de crédito tributario.
Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado Contra-
tante a los efectos de los párrafos 3 o 4 no disfrutará en ese Es-
tado de las prelaciones aplicables a los créditos tributarios en
virtud del Derecho del otro Estado Contratante.
(6) Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o
cuantía del crédito tributario de un Estado Contratante podrá in-
coarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro Es-
tado Contratante.
(7) Cuando en un momento posterior a la solicitud de recau-
dación realizada por un Estado Contratante en virtud de los pá-
rrafos 3 o 4, y previo a su recaudación y remisión por el otro Es-
tado Contratante, el crédito tributario dejara de ser
a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del párra-
fo 3, un crédito exigible conforme al Derecho interno del Es-
tado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera una
persona que en ese momento y según el Derecho de ese Es-
tado no pudiera impedir su recaudación, o
b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del párra-
fo 4, un crédito con respecto al cual, conforme al Derecho
interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran
adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación,
las autoridades competentes del Estado mencionado en primer
lugar notificarán sin dilación a las autoridades competentes del
otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el
Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su
solicitud.
(8) En ningún caso las disposiciones de este Artículo se inter-
pretarán en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o
práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante;
b) adoptar medidas contrarias al orden público;
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado Contratante no
haya aplicado, razonablemente, todas las medidas cautela-
res o para la recaudación, según sea el caso, de que dispon-
ga conforme a su legislación o práctica administrativa;
d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga ad-
ministrativa para ese Estado esté claramente desproporcio-
nada con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Es-
tado Contratante.